Candidatos a la gobernación presentan propuestas para adultos mayores; González se disculpa por llegar tarde

“Lamento mucho llegar tarde, no contaba con la lluvia y el diluvio que ha caído afuera, lo cual retrasó dramáticamente que nos pudiéramos mover aquí. Mi compromiso es firme y por eso decidí llegar, aunque fuera tarde”, afirmó González durante su presentación.

González destacó que fue la primera candidata en presentar un plan específico para los adultos mayores durante las primarias, entre enero y marzo de este año. Sus propuestas incluyen la creación de una universidad técnica para personas de 65 años o más en la Universidad de Puerto Rico, enfocada en el readiestramiento laboral para facilitar su integración en trabajos de medio tiempo.

También subrayó la importancia de revisar las políticas públicas que afectan a los adultos mayores, con un enfoque en la supervisión adecuada de las égidas y hospicios, así como en combatir la explotación financiera de esta población vulnerable.

En cuanto al acceso a la salud, González resaltó su experiencia trabajando desde el Congreso en la mejora de los servicios médicos para los adultos mayores y propuso medidas para evitar que los planes médicos cambien las recetas a los pacientes sin consulta.

“Un plan médico no puede cambiar la receta a un paciente”, enfatizó.

A pesar de sus disculpas y explicaciones, algunos asistentes expresaron su incomodidad por la tardanza de González, reflejando una preocupación por la percepción de su gestión del tiempo y compromiso con los temas prioritarios para los adultos mayores.

Propuestas de los otros candidatos

El foro también contó con la participación de los otros candidatos a la gobernación, quienes presentaron sus propuestas para atender las necesidades de la población envejeciente en la isla.

Juan Dalmau (Partido Independentista Puertorriqueño) propuso un plan para cerrar la brecha digital entre los adultos mayores y el resto de la ciudadanía, con iniciativas que buscan garantizar el acceso a la tecnología y la capacitación necesaria para que esta población no quede rezagada en la era digital. “La tecnología y el desarrollo tecnológico son importantes, pero no puede ser la única vía que tenga el gobierno para atender a la población adulta mayor. Debemos ofrecer un balance para garantizar acceso igual a los servicios”, dijo Dalmau.

Dalmau también enfatizó la importancia de crear espacios para los adultos mayores que permitan tanto a los familiares como a las personas mayores mantener una calidad de vida digna. “Para que no solamente quien es familiar y le recae la responsabilidad de cuidar al adulto mayor tenga unos espacios propios para su calidad de vida, pero también aquellos familiares que no pueden cuidar de un adulto mayor que no los condenen a la soledad y al olvido”, explicó.

Propuso, además, la creación de un inventario comunitario de la composición familiar en cada comunidad para fortalecer la organización comunitaria de apoyo, inspirado en la respuesta comunitaria tras el huracán María.

“Después de María, no fue el gobierno central ni tampoco fue el que nos vino a lanzar papel toalla; fuimos nosotros mismos en nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestras organizaciones sindicales los que nos dimos la mano y salimos adelante”, subrayó Dalmau, destacando la necesidad de una estructura organizada que permita al gobierno monitorear y apoyar a los adultos mayores.

Dalmau también sugirió la designación de una defensoría de adultos mayores dentro de un departamento de derechos humanos, que se encargue de atender los reclamos de los adultos mayores vulnerables en sus comunidades. Propuso la revitalización de áreas abandonadas y parques para evitar que se conviertan en focos de inseguridad para los adultos mayores. Además, destacó la problemática de la explotación financiera de los adultos mayores, proponiendo enmiendas legales para reducir el umbral de procesamiento de estos delitos, con el fin de aumentar la protección legal y el monitoreo de los agresores. “He tenido reuniones con fiscales que me han dicho que lo que hay que enmendar es la ley para que se pueda dar seguimiento a la persona que incurre en la explotación financiera del adulto mayor”, agregó.

Javier Jiménez (Proyecto Dignidad) centró su intervención en la necesidad de fortalecer el sistema hospitalario y de salud del país, destacando que es uno de los mayores retos que enfrenta la población de adultos mayores.

“Definitivamente, nosotros tenemos que atender como sociedad el problema de la salud en Puerto Rico. Es un servicio que ellos requieren constantemente, y según uno va entrando en edad, las necesidades aumentan”, indicó Jiménez.

Para resolver estos problemas, Jiménez propuso un plan a corto y largo plazo. A corto plazo, sugirió implementar la reciprocidad para que médicos de Estados Unidos puedan ejercer en Puerto Rico, y ampliar el uso de la telemedicina, especialmente con médicos puertorriqueños en Estados Unidos, para crear un banco de médicos especialistas que puedan atender a los pacientes desde la distancia.

“Si esa reciprocidad la establecemos por ley, donde ese médico pueda venir a atender pacientes en Puerto Rico, pues vamos a tener la disponibilidad de esos médicos”, explicó.

A largo plazo, Jiménez propuso que el gobierno financie la carrera de especialidad de aquellos médicos que se comprometan a quedarse cinco años en Puerto Rico tras su formación. Además, abordó la necesidad de atender al 6% de la población que no está asegurada, sugiriendo que los Centros 330, organizaciones sin fines de lucro dedicadas a brindar servicios médicos, jueguen un papel clave en este aspecto.

Jiménez también criticó la prepotencia de las aseguradoras en Puerto Rico, que, según él, dictan a los médicos y proveedores de salud qué tratamientos pueden ofrecer y a qué tarifas. “Las aseguradoras tienen que negociar cuáles son las tarifas que van a proveer a los diferentes proveedores de salud”, indicó Jiménez, abogando por una mayor regulación y control sobre estas entidades para garantizar un trato justo a los profesionales y a los pacientes.

En cuanto a la educación, Jiménez propuso la implementación de un currículo escolar que fomente hábitos de salud y valores desde una edad temprana, destacando la importancia del respeto y la recreación como herramientas fundamentales para la salud física y mental. “Mi trayectoria como alcalde de San Sebastián ha demostrado que cuando yo digo que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer en beneficio del pueblo”, afirmó Jiménez.

Sobre el tema de las pensiones, Jiménez propuso eliminar los 32 a 35 millones de dólares que actualmente reciben los legisladores para destinarlos a un fondo de pensiones, con énfasis en atender la situación de los policías jubilados que enfrentan pensiones insuficientes. También sugirió una auditoría constante de todas las oficinas y dependencias gubernamentales, incluyendo los municipios, para generar economías que puedan ser redirigidas a los pensionados.

Jesús Manuel Ortiz (Partido Popular Democrático) centró sus propuestas en la reforma de las agencias gubernamentales y la mejora de los servicios para los adultos mayores. Ortiz criticó la situación actual de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), señalando que es fundamental reestructurar su operación para convertirla en una agencia de servicios comunitarios que lleve los servicios de salud mental directamente a las comunidades.

“ASSMCA tiene la obligación de atender uno de los principales problemas que tenemos en Puerto Rico, la salud mental, que es una crisis de salud pública. Yo voy a reformular la operación de ASSMCA para que se convierta en una agencia de servicios comunitarios que lleve los servicios de salud mental hacia las comunidades”, afirmó Ortiz, subrayando que no está satisfecho con el estado actual de la agencia.

Ortiz también destacó el problema de la soledad y el abandono que enfrentan muchos adultos mayores en la isla, encontrándose con personas que carecen de compañía, comida y servicios médicos.

“He visto adultos mayores sin comida, sin servicios médicos, y sin gente que les dé servicios. Necesitamos un país capaz de dar servicio a los que más lo necesitan; un país que no puede hacerlo es un país que ha fracasado”, expresó Ortiz, comprometido a cambiar esta realidad mediante una propuesta abarcadora para mejorar los servicios de amas de llaves.

Sobre el tema de las pensiones, Ortiz afirmó que su prioridad será buscar alternativas responsables para aumentarlas, recordando un proyecto reciente liderado por el Partido Popular Democrático que logró identificar recursos para subir las pensiones de los policías.

“Como gobierno, mi prioridad va a ser luchar para buscar alternativas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo para los pensionados; tiene que haber un gobierno cuyas prioridades estén dirigidas en eso”, explicó.

En cuanto a la transparencia y la integridad del proceso electoral, Ortiz hizo un llamado a la Comisión Estatal de Elecciones y a la Junta de Supervisión Fiscal para que asignen los recursos necesarios para garantizar unas elecciones limpias y confiables en 2024.

“Tiene que haber una Comisión Estatal de Elecciones que entienda que la transparencia y la confianza en un proceso electoral son lo más importante. Desde el 2020 con los cambios en el código electoral, eso se ha perdido”, señaló Ortiz, exhortando a todas las partes involucradas a asegurar que los recursos estén disponibles para llevar a cabo unas elecciones transparentes y justas.

Luis Colón, director ejecutivo de la Alianza por la Salud del Pensionado, recalcó la importancia de que los candidatos mantengan sus promesas y exhortó a los adultos mayores a ejercer su derecho al voto, recordando la creciente relevancia de esta población en Puerto Rico. “Es fundamental que todos los candidatos estén conscientes del cambio demográfico que ha experimentado el país y que todos sus planes tengan en consideración esta población como prioridad”, expresó Colón.

La Alianza por la Salud del Pensionado, una organización sin fines de lucro establecida por la Ley 117 de 2016, representa a más de 65,000 pensionados en la isla y busca mejorar las cubiertas de salud y los servicios para los pensionados del Gobierno.