El Centro Hogar Ebenezer enfrenta demanda por daños y violación de derechos
San Juan, Puerto Rico – La negativa de un hogar de cuido prolongado en San Juan de no permitir el acceso y la comunicación entre un adulto mayor y su familia ha llevado a los afectados a presentar una demanda judicial.
Tamara Pérez Cruz, hija de crianza del adulto mayor, junto con otros familiares, radicó una querella ante el Tribunal Superior de San Juan contra el Centro Hogar Ebenezer, LLC, y su propietaria, Jackeline Ceballos.
La acción legal surge luego de un año de separación forzada tras la radicación de una querella por maltrato institucional. Según la demanda (SJ2024CV8998), el hogar restringió arbitrariamente las visitas y tomó represalias contra los familiares del residente, incluyendo la presentación de una orden de protección basada en “hechos falsos o fraudulentos”.
Pérez Cruz, quien es gerontóloga con más de una década de experiencia en el cuidado de adultos mayores, aseguró que las restricciones comenzaron tras denunciar irregularidades en el trato hacia su padre de crianza, Francisco. En noviembre de 2023, radicó una querella ante el Departamento de la Familia tras observar que el adulto mayor estaba atado de manera inapropiada con una correa.
“Me han robado un año de abrazar y besar a mi padre. Esta situación nos ha causado un inmenso dolor y tristeza, especialmente considerando su estado de salud delicado y su diagnóstico de Alzheimer”, expresó Pérez Cruz.
El caso ha escalado con múltiples denuncias por presunto maltrato institucional, pérdida súbita de peso y falta de supervisión adecuada. Además, se documentó un incidente en diciembre de 2023, cuando la propietaria del hogar expulsó a la nieta del adulto mayor con gritos e insultos, afectando visiblemente al residente.
El presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), Jonathan Morales Adorno, lamentó lo ocurrido y recordó que la Ley 121 de 2019 protege el derecho de los adultos mayores a recibir visitas de familiares y amigos.
“Toda administración de un hogar debe mantener un horario flexible y no puede tomar represalias contra quienes radiquen querellas. Estas acciones pueden acarrear consecuencias legales”, afirmó Morales.
A pesar de no existir una orden judicial que impida las visitas, la propietaria del hogar continúa negándolas, lo que la familia considera una violación arbitraria e insensible.
Pérez Cruz y sus familiares han denunciado la falta de acción por parte del Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).
“Irónicamente, somos una familia que quiere estar presente, pero se nos niega ese derecho. Esto debe cambiar para que ninguna otra familia pase por lo que estamos viviendo”, concluyó Pérez Cruz.
La demanda busca no solo justicia para el adulto mayor, sino también sentar un precedente que garantice el respeto a los derechos de las personas mayores en Puerto Rico.
