La realidad demográfica de Puerto Rico establece que el 28% de la población son personas mayores de 60 años
San Juan – La gobernadora Jenniffer González firmó varias medidas legislativas dirigidas a ampliar protecciones, fortalecer la supervisión gubernamental y asegurar más oportunidades y derechos para los adultos mayores y los cuidadores informales.
El Proyecto de la Cámara 255 enmienda los Artículos 3 y 5 de la Ley 82-2023, conocida como la ‘Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico’, para reconocer como un derecho que todo cuidador informal sea considerado como la primera alternativa para ser contratado como cuidador incidental cuando una entidad gubernamental asigne fondos para el cuidado de un adulto mayor.
Este esfuerzo responde a la realidad demográfica de la isla, ya que 28 % de la población (924,477 personas) son adultos mayores de 60 años, una cifra que continúa en aumento y que exige acciones concretas del Estado. Este cambio social ha incrementado la demanda por servicios de cuidado y ha visibilizado el rol crucial de los cuidadores informales, quienes muchas veces deben abandonar sus empleos sin compensación o apoyo formal.
La medida fortalece los derechos, la estabilidad económica y la continuidad del cuidado para los adultos mayores, reconociendo la función esencial que cumplen miles de familias.
La gobernadora también firmó el Proyecto del Senado 396, que añade un nuevo Artículo 6 a la Ley 94-1977, ‘Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada’, con el objetivo de reforzar la supervisión, licenciamiento e inspección por parte del Departamento de la Familia.
La ley establece requisitos más estrictos para garantizar que toda institución para adultos mayores cumpla con los reglamentos y estándares de cuidado, mantenga energía alterna certificada y sistemas de agua potable, asegure el debido almacenamiento de suministros y se encuentre preparada antes del comienzo de la temporada de huracanes.
De otra parte, el Proyecto del Senado 652 expande la Ley de Política Pública del Cuidado Informal para armonizarla con la legislación federal RAISE Family Caregivers Act.
La enmienda amplía los programas de apoyo a cuidadores, fortalece el registro y adiestramiento, integra recomendaciones de la Administración para la Vida Comunitaria del Departamento federal de Salud y mejora el alcance de los derechos laborales y servicios dirigidos a cuidadores informales.
Finalmente, la gobernadora firmó el PS-650, que enmienda la Ley 121-2019, ‘Carta de Derechos de los Adultos Mayores’, para permitir que los jueces municipales puedan ordenar el nombramiento de un tutor temporal cuando la salud, seguridad o patrimonio de un adulto mayor esté en riesgo.
La medida también enmienda la Ley de la Judicatura para autorizar esta acción judicial inmediata, reconociendo el aumento de casos que requieren protección urgente debido a condiciones degenerativas, accidentes o limitaciones cognitivas.
«Puerto Rico enfrenta una transformación demográfica sin precedentes. Nuestro deber es garantizar que nuestros adultos mayores vivan con dignidad, seguridad y apoyo, al tiempo que reconocemos y fortalecemos a quienes dedican su vida al cuidado de ellos», expresó la gobernadora mediante un comunicado de prensa.
