El fin es que más cuidadores familiares se registren para que puedan recibir apoyo en sus tareas con el adulto mayor
San Juan – El Departamento de la Familia (DF) junto con el Departamento de Salud (DS), propusieron enmiendas a la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal” del 2023, con el fin de que más cuidadores familiares entren al Registro de Cuidadores Informales y reciban los apoyos que necesitan en su tarea de atender de un adulto mayor que sea familiar.
Esta propuesta surgió durante la discusión del Proyecto de la Cámara 1093, de la representante Odalys González González, que tiene como objetivo establecer la “Ley de Cuidadores Familiares en Puerto Rico”, a los fines de crear un registro oficial de Cuidadores Familiares adscrito al Departamento de la Familia, que brinde apoyo a esta figura central en el sistema de cuidado informal en Puerto Rico.
En vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar, presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, la Lcda. Nicole Báez Ortiz, directora de asuntos legales del DF, indicó que, aunque el DF reconoce el interés de otorgarle beneficios a esta población, la propuesta ya está legislada bajo la Ley 82-2023, que crea el registro de cuidadores informales, bajo la política pública que atiende a los cuidadores informales.
“Reconocemos el interés de esta Asamblea Legislativa en otorgarle beneficios a estas personas para capacitarlas y certificarlas como cuidadores informales de la población de adultos mayores, no obstante, muy respetuosamente exponemos que lo expuesto en este proyecto se encuentra vigente en la Ley 82-2023, por lo que favorecer su aprobación conllevaría duplicidad de esfuerzos, sobre un asunto ya legislado”, dijo la funcionaria.
A preguntas del representante Ocasio Ramos, la administradora de ADFAN, señaló que a pesar de que existe este registro voluntario, en la actualidad de 170 solicitudes presentadas, tan solo han sido aprobadas 37, al señalar que uno de los obstáculos mayores es el costo de obtener la certificación al amparo de la Ley 300 del 1999 bajo la cual se verifica las credenciales e historial delictivo de los proveedores de servicios a niño y personas con impedimentos.
“Nosotros nos mantenemos en comunicación con el Departamento de Salud, para ver si a esos fines podemos buscar una alternativa, ya que conlleva un costo y obviamente el cuidador informal no cobra por ayudar a su familiar, así que yo diría ese es el renglón que tenemos que trabajar”, planteó Báez Ortiz.
Añadió que la medida no necesariamente duplica los esfuerzos “pero es muy similar a la ley en vigor, así que la recomendación del Departamento de la Familia sería robustecer la Ley 82”, por lo sugirió a la Comisión una vista ejecutiva a los fines de analizar las enmiendas necesarias a estos fines.
Por su parte, Luis Abdiel Burgos, analista de política pública de la Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral, del Departamento de Salud apoyó la pieza condicionando “este endoso a que tiene que hacerse en coherencia con la Ley 82; tengamos en cuenta que el cuidador informal, al igual que el cuidador familiar es una persona que no recibe remuneración económica, pero el cuidador familiar puede igualmente puede ser que tenga un empleo y la ley antes mencionada le ofrece unos derechos para que conserve su empleo mientras provee los cuidados a las personas adultas mayores”.
En una línea similar, se expresó el director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), José Acarón Rodríguez, afirmando que “aunque el propósito establecido en su exposición de motivos nos parece loable, y digno de reconocimiento, consideramos que sus disposiciones duplican las ya existentes en la Ley 82-2023”.
Sus declaraciones fueron vertidas en un memorial explicativo, presentado ante la Comisión. Mientras que la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada presentó un memorial firmado por la Dra. Yolanda Varela Rosa, procuradora en propiedad, donde no favoreció el proyecto ya que afirmó que el asunto está atendido por la legislación vigente.
El presidente de la Comisión, el representante Ramos Ocasio, acogió las recomendaciones presentadas por el DF y anunció que su meta es reunirse con todas las partes para que “los cuidadores informales se registren y puedan recibir el apoyo y herramientas necesarias para velar por su bienestar mientras realizan esta tarea, que asumen con un gran compromiso”.
