Proponen ampliar la Ley 54 para proteger a adultos mayores y personas con diversidad funcionalProyecto legislativo busca tipificar como maltrato agravado los actos de violencia doméstica contra esta población vulnerable
SAN JUAN, Puerto Rico – En respuesta al acelerado envejecimiento poblacional y a las necesidades de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico, la Cámara de Representantes discutió hoy en vista pública el Proyecto de Ley 546, que propone enmendar la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a fin de ofrecer mayores protecciones legales a estas comunidades.
La medida, respaldada por los deponentes, busca tipificar como maltrato agravado cualquier acto de violencia doméstica cometido contra, en presencia de, o utilizando como medio de coacción a, una persona adulta mayor o con diversidad funcional. Esta enmienda tiene como propósito reconocer la vulnerabilidad específica de estas personas ante dinámicas de poder y abuso que suelen invisibilizarlas.
“Refleja un compromiso real con la erradicación de la violencia doméstica y con la protección de quienes, muchas veces, no tienen voz ni herramientas para enfrentar por sí mismos estas situaciones”, expresó la doctora Yolanda Varela Rosa, procuradora de las Personas de Edad Avanzada, ante la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo Ocasio Ramos.
La medida también propone uniformar el término “adulto mayor” para referirse consistentemente a toda persona de 60 años o más. Esta precisión terminológica, según Varela Rosa, es esencial para garantizar una protección adecuada y uniforme en el ámbito legal.
Desde una perspectiva de equidad, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres también avaló el proyecto. La licenciada Tanya García Ibarra, en representación de la procuradora Astrid Piñero Vázquez, indicó que las enmiendas no afectan el enfoque de género de la Ley 54. “Al contrario, lo fortalecen al reconocer cómo la violencia también impacta de forma distinta a personas que muchas veces han sido invisibilizadas en estas situaciones”, argumentó.
El proyecto subraya que, según el Perfil Sociodemográfico de la Población de Adultos Mayores (2023), un 31.05% de la población en Puerto Rico ya supera los 60 años. Además, en 57 municipios, los adultos mayores representan más del 28% de la población total. Las proyecciones son aún más alarmantes: para 2030, se espera que el 35% de la población tenga 60 años o más, y para 2060, ese número podría ascender al 43.7%.
Durante la vista pública también participaron la vicepresidenta cameral Yashira Lebrón Rodríguez, así como los representantes José Aponte y Adriana Gutiérrez Colón, quienes expresaron su interés en continuar fortaleciendo el marco legal que protege a las personas en situación de vulnerabilidad.
Este esfuerzo legislativo forma parte de un intento más amplio por adaptar las leyes existentes a la realidad demográfica y social del país, asegurando así que la justicia y la protección alcancen a todos por igual.
