El gobernador convirtió en ley (Ley 20-2024) el Proyecto del Senado 837, de la autoría de la senadora por acumulación, Keren Riquelme, el cual establece la ‘Ley Anti Discrimen Cibernético’, buscando así eliminar las barreras tecnológicas a la disponibilidad de servicios públicos, obligando a cada dependencia a mantener la alternativa de que dichos servicios puedan ser solicitados a través de medios tradicionales, incluyendo en persona o mediante formularios impresos.
Por otra parte, las agencias y corporación públicas estarán obligadas a entregar información y documentación en formato auditivo aquellas personas con necesidades especiales en esa área
Mientras que las dependencias gubernamentales tendrán que tener computadoras y personal disponible ya sea en la propia agencia o en municipios u organizaciones sin fines de lucro por acuerdos colaborativos para asistir a los ciudadanos en trámites, al momento que surja dicha necesidad.
“Por fin nuestros adultos mayores y personas con diversidad funcional tendrán una alternativa real y viable para atender sus necesidades de manera convencional. En Puerto Rico existe una realidad demográfica, sobre 760 mil adultos mayores (65 años o más) viven en la isla, ese número supera los 888,000 en el caso de personas de 60 años o más. Este sector demográfico tiende a ser menos tecnológico y por eso es imperativo que el gobierno y sus dependencias faciliten sus servicios. Menos del siete por ciento de los adultos mayores manejan adecuadamente el internet, es un reto, por eso esta ley viene a atender una necesidad real”, dijo Riquelme en declaraciones escritas.
“Agradezco al Gobernador por convertir en ley esta medida que asiste directamente a un sector de nuestra población que va en crecimiento vertiginoso”.
“No cabe duda que la modernización de los sistemas de servicios públicos mediante la aplicación de nuevas tecnologías es necesaria. Sin embargo, de igual manera es imperativo reconocer que para un sector de la población los sistemas cibernéticos han creado barreras de acceso a los servicios gubernamentales, mucho mayores que las que se pretendieron eliminar. No podemos desatender ni penalizar a este sector de nuestra población mientras resolvemos los problemas que impiden un verdadero acceso universal a los servicios públicos”, añadió la Senadora por Acumulación.
En meses recientes, grupos de personas de la tercera edad reclamaron que las solicitudes de ayuda para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, (TANF, por sus siglas inglés) sean dadas, también, a papel, ante la realidad de que muchos no dominan los sistemas para aplicar ‘en línea’.
