Propuesta busca reforzar la preparación ante huracanes y otras emergencias en centros para adultos mayores
SAN JUAN, Puerto Rico – Tres agencias del Ejecutivo se expresaron este jueves a favor del Proyecto del Senado 149, una medida que propone enmendar la Ley 94 de 1977 para exigir que los establecimientos que brindan cuido a personas de edad avanzada presenten anualmente, antes del 1 de mayo, sus planes operacionales para enfrentar huracanes u otros desastres naturales.
Durante una vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo “Chino” Rey Ocasio Ramos, la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig Fuertes, aseguró que aunque la reglamentación actual ya exige estos planes, convertir el requisito en ley le daría mayor fuerza. “No es menos cierto que al convertirlo en fuerza de ley es algo positivo, por eso favorecemos esta enmienda”, expresó.
Roig Fuertes explicó que la Oficina de Licenciamiento del DF ya requiere que todos los centros licenciados cuenten con un plan operacional de emergencias, certificado por la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias correspondiente. Este requisito aplica tanto para nuevas solicitudes como para renovaciones de licencia.
Asimismo, informó que el DF realiza actualmente un censo a nivel Isla para visitar todos los hogares de cuido y corroborar cumplimiento con los planes de emergencia y demás requisitos legales. En caso de incumplimiento, los centros tienen cinco días para corregir las deficiencias, aunque pueden solicitar una prórroga presentando un plan de acción.
La secretaria también reconoció que existe una plataforma digital para almacenar esta información, pero admitió que “ha sido subutilizada”.
Por su parte, la representante Lisie Burgos Muñoz preguntó si el plazo de cinco días era excesivo. Roig Fuertes respondió que, en algunos casos, “no cumplir con requerimientos como la energía eléctrica alterna, significa la vida para estos adultos mayores”.
La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) también favoreció la medida. Su directora interina, Lcda. Frances Vidal Rodríguez, recomendó que la exigencia del plan de emergencia se extienda a hogares licenciados por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y que se incluya en la legislación la obligación de tener suministros de agua potable, combustible y medicamentos para 30 días.
Vidal Rodríguez reveló que en el año fiscal 2023-2024 se reportaron 110 querellas por planes de emergencia vencidos. La representante Ellinette González Aguayo solicitó que se desglosen esas querellas por región y agencia en un plazo de cinco días laborables.
En representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Lcda. Omara Arias y Gisela Rosario respaldaron el proyecto y recomendaron que las certificaciones de planes de emergencia las emitan las oficinas municipales de manejo de emergencias, por ser las más familiarizadas con las condiciones específicas de cada zona.
Al concluir la vista, el representante Ocasio Ramos destacó que la medida “no sufrirá muchas enmiendas”, pero recalcó la necesidad de garantizar la existencia de suministros para 30 días y fortalecer la fiscalización. “Entiendo que es un periodo responsable, pero además de esto, es necesaria la fiscalización para que no ocurra ninguna tragedia”, concluyó.
