Cifras alarmantes impulsan propuesta legislativa para fortalecer la protección en entornos institucionales
SAN JUAN, Puerto Rico – Un total de 952 querellas por maltrato y otros delitos contra adultos mayores que viven en comunidades fueron recibidas por la Oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada (OPPEA) entre octubre de 2024 y febrero de 2025, revelando una tendencia preocupante en el trato hacia esta población vulnerable.
De manera paralela, durante el año fiscal 2023-2024, se registraron 2,246 querellas en centros de cuidado prolongado. En total, la OPPEA contabilizó 8,138 querellas para el periodo mencionado, de las cuales 2,103 fueron contra hijos y 109 contra proveedores de servicios. Estos datos fueron divulgados durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, celebrada el martes 13 de mayo, en la que se evaluó el Proyecto de la Cámara 487.
“Estas cifras son reveladoras y detallan un patrón de maltrato de menores en Puerto Rico que tenemos que atender con urgencia”, advirtió el representante Félix Pacheco Burgos, presidente de la comisión legislativa, quien lidera los esfuerzos para enmendar la Ley Núm. 20-2017, con el fin de ampliar la jurisdicción del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en casos de explotación financiera dentro de instituciones que atienden adultos mayores.
El Proyecto de la Cámara 487 busca añadir un nuevo inciso al Artículo 7.04(a) de dicha ley, permitiendo al NIE tener jurisdicción concurrente para investigar este tipo de delitos cuando estén involucrados empleados de establecimientos residenciales, hogares sustitutos o instituciones similares.
La Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, doctora Yolanda Varela, respaldó con firmeza la iniciativa. “El Proyecto de la Cámara 487 es una medida acertada para combatir la explotación financiera de adultos mayores en entornos institucionales. Su aprobación fortalecerá la investigación y procesamiento de casos criminales”, declaró.
Asimismo, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, se expresó a favor del proyecto mediante un memorial explicativo. La medida también cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia, que propuso incluir al NIE en el listado de agencias contenidas en el Artículo 8 de la Ley 121-2019, mejor conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, así como en la Ley 76-2020, la cual busca prevenir la explotación financiera de adultos mayores y personas con impedimentos.
En la audiencia participaron también la vicepresidenta cameral, Yashira Lebrón Rodríguez, y el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, quienes coincidieron en la urgencia de atender el maltrato en todas sus manifestaciones.
Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, para el año 2023 una de cada cinco personas en Puerto Rico tenía 60 años o más. Además, se estimó que 785,016 personas contaban con 65 años o más, representando el 23.2 % de la población. Este crecimiento demográfico pone de relieve la necesidad de reforzar las medidas de protección y vigilancia para este sector cada vez más significativo.
