La ley obliga a las instituciones gubernamentales a procesar a los familiares que incumplen sus responsabilidades de cuidar de los suyos
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE) – El gobernador, Pedro Pierluisi, firmó siete medidas incluyendo el Proyecto del Senado 1085 que enmienda la Ley de la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores, para ampliar la responsabilidad que se impone a familiares por el abandono de adultos y otros fines.
De acuerdo a las autoridades, en Puerto Rico incrementó la cantidad de adultos mayores que son abandonados por sus familiares en instituciones médico-hospitalarias luego de haber recibido el alta médica.
Por ello, la nueva ley define el abandono como una «modalidad de maltrato que ocurre cuando un familiar, tutor legal o persona responsable de una persona adulta mayor para su atención, cuidado o asistencia lo deje o deserte en cualquier lugar con el propósito de desampararle».
«O cuando como resultado del acto de abandono se ponga en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona adulta mayor», esgrime la norma.
A partir de ahora y en el proceso de admisión, la institución médico-hospitalaria debe hacer constar en el expediente información de contacto del familiar, tutor o persona que estará a cargo de buscar a la persona adulta mayor.
Asimismo, recae en este tipo de instituciones médicas el deber de querellarse ante el Negociado de la Policía, tras agotar todos los medios a su alcance, cuando la persona adulta mayor ha sido abandonada.
Se deberá notificar, además, al Departamento de la Familia (DF) y evidenciar las gestiones realizadas, antes de que éste active sus protocolos.
La ley obliga a las instituciones gubernamentales a procesar a los familiares que incumplen sus responsabilidades de cuidar de los suyos e impone al familiar responsable del adulto mayor la obligación de restituir al gobierno por los gastos incurridos con fondos públicos por el cuido y manutención del adulto mayor con posterioridad al alta médica.
Del mismo modo, se ordena un mecanismo de notificación al Departamento de Justicia para alertarlos sobre la posible comisión del delito de abandono de personas de edad avanzada e incapacitados.
También recaerá en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) la responsabilidad de ubicar a las personas adultas mayores con condiciones crónicas de salud mental en establecimientos de cuidado sustituto debidamente licenciados.
