SAN JUAN, Puerto Rico – En una reunión de emergencia convocada para abordar el alarmante incremento en la explotación financiera de adultos mayores en Puerto Rico, las senadoras Marissa ‘Marissita’ Jiménez y Keren Riquelme se reunieron con representantes de distintos departamentos gubernamentales. Durante el año fiscal 2022-2023, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada registró alrededor de 1,550 casos de explotación financiera, un hecho que subraya la magnitud del problema.
Las senadoras discutieron varias medidas para combatir este tipo de fraude. Propusieron la implementación de intercesores legales para asistir a los adultos mayores en procesos judiciales, especialmente en casos de fraude romántico y financiero. Además, sugirieron aumentar los recursos para el Negociado de la Policía para capacitar a personal especializado en estos delitos y reforzar los programas de orientación dirigidos a la población de adultos mayores, que supera los 760 mil individuos.
Jiménez expresó su preocupación por la situación: “Las cifras sobre los esquemas de fraude contra nuestros adultos mayores son bien preocupantes. […] Mientras que la Oficina del Ombudsman, para ese mismo periodo, registraron 123 querellas; son números que tenemos que atender con urgencia”. Ella propuso la creación de un nuevo Código para Adultos Mayores que consolide todas las leyes aplicables, simplificando así su ejecución.
Riquelme destacó la relevancia de estas medidas en el contexto del cambio demográfico en Puerto Rico: “Puerto Rico se encuentra en medio del cambio demográfico más significativo en toda su historia. […] Por eso, la protección a este importante sector de nuestra sociedad tiene que ser robusta y más en lo relacionado con el fraude, pues son más susceptibles a estos”.
La reunión, celebrada en el Capitolio, contó con la participación de la administradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda L. Gerena, el licenciado Eddie Olivera de la AARP, representantes del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Pública, así como Stephanie Rivera y Dyrhow Adorno de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada.
Finalmente, se acordó una nueva reunión para el mes de febrero con el fin de revisar los avances de estas iniciativas. Jiménez concluyó: “No vamos a dejar a nuestros adultos mayores solos”, reafirmando el compromiso de apoyar y proteger a este sector vulnerable de la sociedad.
